Cuando un terremoto no es solo un desastre natural: cómo la mala gobernanza multiplica las tragedias

Cada vez que un terremoto sacude un país, los titulares hablan de magnitud, epicentro y número de víctimas. Sin embargo, pocas veces nos hacemos una pregunta mucho más incómoda: ¿cuántas de esas víctimas son realmente consecuencia del terremoto y cuántas lo son de décadas de mala gestión pública?

Porque los terremotos son inevitables. Las catástrofes humanitarias que dejan tras de sí, muchas veces, no.

EL PAÍS: Ronald Peña (EFE)

De hecho, la propia Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) lleva años intentando desterrar el concepto de "desastre natural". Su argumento es claro: los terremotos, huracanes o inundaciones son amenazas naturales; el desastre aparece cuando esas amenazas se combinan con vulnerabilidad, pobreza, infraestructuras deficientes y una escasa capacidad institucional para prevenir y responder. En otras palabras, los peligros son naturales; los desastres, en gran medida, son una construcción humana.

El reciente terremoto registrado en Venezuela vuelve a recordarnos precisamente esa realidad. Más de 1.700 personas han perdido la vida y miles han resultado heridas en un país donde las labores de rescate se han visto dificultadas por años de deterioro institucional, deficiencias en las infraestructuras y una limitada capacidad de respuesta.

Los desastres naturales no son iguales para todos

Un terremoto actúa como una prueba de estrés para cualquier país. En cuestión de segundos pone a examen la calidad de sus edificios, la resistencia de sus infraestructuras, la preparación de sus servicios de emergencia y la capacidad de respuesta de sus instituciones.

Por eso dos países pueden sufrir un seísmo de características similares y experimentar consecuencias radicalmente distintas. La diferencia rara vez está únicamente bajo tierra; suele encontrarse en décadas de decisiones políticas, económicas e institucionales.

La comparación entre Haití y Japón es probablemente el ejemplo más ilustrativo. En 2010, un terremoto de magnitud 7,0 devastó Haití y provocó alrededor de 300.000 fallecidos, además de dejar a más de un millón y medio de personas sin hogar. Apenas un año después, Japón sufrió el terremoto de magnitud 9,0 de Tōhoku, uno de los más potentes jamás registrados. Aunque el posterior tsunami provocó una tragedia de enormes dimensiones, el comportamiento de las infraestructuras frente al seísmo evidenció décadas de inversión en normas antisísmicas, planificación urbana, sistemas de alerta temprana y cultura de prevención. La magnitud del fenómeno natural fue muy superior; la capacidad institucional para afrontarlo también.

Las carreteras que permiten llegar rápidamente a las zonas afectadas, los hospitales capaces de seguir funcionando durante una emergencia o los edificios diseñados para resistir movimientos sísmicos no aparecen por casualidad. Son el resultado de políticas públicas sostenidas durante décadas.

Venezuela: el terremoto visible de una crisis invisible

Los terremotos registrados en Venezuela no solo han puesto a prueba la resistencia de los edificios; también han evidenciado la fragilidad acumulada de un país que lleva años atravesando una profunda crisis política, económica e institucional.

Desde hace más de una década, organismos internacionales vienen alertando del deterioro progresivo de los servicios públicos, la emigración masiva de profesionales sanitarios y técnicos, el envejecimiento de las infraestructuras y las dificultades para mantener servicios básicos como el suministro eléctrico o el acceso al agua potable. Todo ello ha reducido considerablemente la capacidad del Estado para responder a emergencias complejas.

Tras el terremoto, numerosos ciudadanos denunciaron la escasez de maquinaria pesada, la lentitud de las operaciones de rescate y la ausencia de recursos suficientes en algunas de las zonas más afectadas. Seis días después del seísmo, el balance oficial superaba los 1.700 fallecidos, más de 5.000 heridos y decenas de miles de edificaciones dañadas, mientras continuaban las labores de búsqueda entre los escombros.

El terremoto no creó esa fragilidad. Simplemente la dejó al descubierto.

Más de 1.700 personas han perdido la vida y miles han resultado heridas en un país donde las labores de rescate se han visto dificultadas por años de deterioro institucional, deficiencias en las infraestructuras y una limitada capacidad de respuesta.

Cuando la corrupción también cuesta vidas

La corrupción suele medirse en millones de euros desviados o en contratos adjudicados de forma irregular. Sin embargo, sus consecuencias más graves rara vez aparecen en los balances económicos.

Cada hospital que deja de modernizarse, cada puente cuyo mantenimiento se retrasa, cada edificio construido sin respetar la normativa o cada organismo técnico debilitado representan una pérdida silenciosa de capacidad para proteger a la población.

El ejemplo de Turquía resulta especialmente revelador. Tras los devastadores terremotos de 2023, que causaron más de 55.000 fallecidos, numerosos expertos señalaron que miles de edificios colapsados incumplían la normativa sísmica o habían sido legalizados mediante sucesivas "amnistías urbanísticas". Las investigaciones posteriores derivaron en centenares de procedimientos judiciales contra promotores y constructoras, reabriendo el debate sobre el coste humano de la corrupción y de la falta de supervisión administrativa.

La corrupción no provoca terremotos pero sí puede provocar que un edificio no resista el primero.

Cuba y el coste del deterioro silencioso

Venezuela tampoco constituye un caso aislado. Cuba ofrece otro ejemplo de cómo el deterioro prolongado de las infraestructuras incrementa la vulnerabilidad de un país frente a cualquier emergencia.

Durante los últimos años, la isla ha sufrido apagones eléctricos de alcance nacional, dificultades para mantener centrales energéticas, un parque residencial cada vez más envejecido y una escasez crónica de materiales de construcción. Aunque estas carencias ocupan titulares de forma esporádica, configuran un escenario donde cualquier huracán, inundación o movimiento sísmico puede tener consecuencias mucho más graves.

La vulnerabilidad no aparece de un día para otro. Se acumula lentamente, y cuando llega una emergencia, todo aquello que parecía un problema cotidiano termina convirtiéndose en un problema de protección civil.

La resiliencia también se gobierna

En sostenibilidad hablamos constantemente de resiliencia. Queremos ciudades resilientes, sistemas energéticos resilientes o infraestructuras resilientes frente al cambio climático. Sin embargo, la resiliencia no se construye cuando ocurre el desastre, se construye años antes.

Se construye cuando se invierte en mantenimiento en lugar de esperar a reconstruir; cuando las normas de construcción se hacen cumplir; cuando los presupuestos públicos priorizan la prevención; y cuando las instituciones funcionan con transparencia y rendición de cuentas.

Invertir en gobernanza también es invertir en adaptación climática y reducción del riesgo de desastres.

No hay sostenibilidad sin instituciones fuertes

Durante años hemos asociado la sostenibilidad casi exclusivamente a la protección del medio ambiente. Sin embargo, existe una dimensión igual de importante: la institucional.

No puede existir desarrollo sostenible allí donde las infraestructuras se deterioran, los servicios públicos se debilitan y la corrupción erosiona la capacidad del Estado para proteger a su ciudadanía.

Por eso el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 no habla de emisiones ni de biodiversidad. Habla de instituciones eficaces, transparentes y responsables. Porque sin ellas, cualquier avance ambiental o económico termina siendo frágil.

La sostenibilidad no consiste únicamente en preservar el planeta. También consiste en construir Estados capaces de proteger a las personas.

La naturaleza pone a prueba a los países. La gobernanza decide el resultado.

Los terremotos seguirán ocurriendo. También los huracanes, las inundaciones y otros fenómenos extremos que, además, serán cada vez más frecuentes e intensos en un contexto de cambio climático.

La verdadera diferencia no estará únicamente en la fuerza de la naturaleza, sino en la capacidad de los Estados para anticiparse, prevenir y responder.

Cada escuela reforzada, cada puente mantenido, cada hospital modernizado y cada euro público gestionado con transparencia constituyen, en realidad, políticas de protección civil mucho antes de que llegue la siguiente emergencia.

Porque los desastres naturales son inevitables.

Lo que nunca debería ser inevitable es que décadas de mala gobernanza multipliquen sus consecuencias.